Así se titula este articulo publicado en El País de José Ignacio Armentia titulado Puertas al campo, que comparto totalmente y que transcribo.
La última propuesta de la ministra de Cultura para acabar con las descargas descontroladas en Internet, que contempla la intervención, nada menos, que de un juez de la Audiencia Nacional para bloquear las páginas que atenten contra los derechos de autor, supone el enésimo intento de poner puertas al campo cibernético.
Desde que hace más de 500 años Gutenberg inventase la imprenta y con ello la posibilidad de realizar copias seriadas de un documento, siempre ha habido mentes preocupadas por poner freno a la libre reproducción de cualquier tipo de archivo. La aparición de la fotocopiadora generó enormes dolores de cabeza a las editoriales. Incluso se planteó que se prohibiese explícitamente la fotocopia de libros. El lanzamiento del casete creó gran inquietud en la industria del vinilo. Las grabadoras de CDs han sido la pesadilla de las discográficas.Con Internet ningún ámbito escapa al intercambio de ficheros. El cine ha sido la última víctima. La popularización de los e-books hace temer que la literatura sea la próxima damnificada.
Dejando claro mi convencimiento de que todo autor tiene derecho a cobrar por el fruto de su trabajo, me da la impresión de que González-Sinde no termina de entender el cambio de escenario que la irrupción de Internet está suponiendo a la hora de redefinir la gestión de la propiedad intelectual.
Cuando Tim Berners-Lee desarrolló en torno a 1989 una serie de herramientas que desembocaron en el nacimiento de la web, lo hizo con un objetivo fundamental: facilitar el intercambio de aportaciones entre los científicos del Centro Europeo de Investigación Nuclear. Esta ha sido, precisamente, la principal característica de la red desde su nacimiento: compartir entre los usuarios todo tipo documentos, sean éstos textuales o audiovisuales. La Wikipedia o Youtube son hijos de esa filosofía.Las tentativas de distintas entidades por poner freno a esta puesta en común de bits, sometidos o no a derechos de autor, se han saldado hasta la fecha con sonoros fracasos. Al cierre de Napster le siguió el nacimiento de Emule. El acoso a las web de descargas propició la aparición de sitios de enlaces hacia macroservidores como rapidshare (ubicado en Suiza) o megaupload (sito en Hong Kong), a donde, de momento, no llegan los largos tentáculos de la SGAE.
Tampoco es del todo exacto el argumento de que determinadas páginas se "estén forrando" gracias a fomentar la piratería. Quienes hasta ahora se han llevado la parte del león en el negocio de Internet han sido los proveedores de acceso, los fabricantes de ordenadores y las empresas de telefonía móvil. Quizá es hacia ese sector hacia el que tendría que dirigirse la atención de la ministra. Por suerte, y a pesar de sus muchos defectos e inconvenientes, la web sigue siendo uno de los pocos espacios donde todavía sobrevive la generosidad en un mundo tan egoísta como el actual.
Desde que hace más de 500 años Gutenberg inventase la imprenta y con ello la posibilidad de realizar copias seriadas de un documento, siempre ha habido mentes preocupadas por poner freno a la libre reproducción de cualquier tipo de archivo. La aparición de la fotocopiadora generó enormes dolores de cabeza a las editoriales. Incluso se planteó que se prohibiese explícitamente la fotocopia de libros. El lanzamiento del casete creó gran inquietud en la industria del vinilo. Las grabadoras de CDs han sido la pesadilla de las discográficas.Con Internet ningún ámbito escapa al intercambio de ficheros. El cine ha sido la última víctima. La popularización de los e-books hace temer que la literatura sea la próxima damnificada.
Dejando claro mi convencimiento de que todo autor tiene derecho a cobrar por el fruto de su trabajo, me da la impresión de que González-Sinde no termina de entender el cambio de escenario que la irrupción de Internet está suponiendo a la hora de redefinir la gestión de la propiedad intelectual.
Cuando Tim Berners-Lee desarrolló en torno a 1989 una serie de herramientas que desembocaron en el nacimiento de la web, lo hizo con un objetivo fundamental: facilitar el intercambio de aportaciones entre los científicos del Centro Europeo de Investigación Nuclear. Esta ha sido, precisamente, la principal característica de la red desde su nacimiento: compartir entre los usuarios todo tipo documentos, sean éstos textuales o audiovisuales. La Wikipedia o Youtube son hijos de esa filosofía.Las tentativas de distintas entidades por poner freno a esta puesta en común de bits, sometidos o no a derechos de autor, se han saldado hasta la fecha con sonoros fracasos. Al cierre de Napster le siguió el nacimiento de Emule. El acoso a las web de descargas propició la aparición de sitios de enlaces hacia macroservidores como rapidshare (ubicado en Suiza) o megaupload (sito en Hong Kong), a donde, de momento, no llegan los largos tentáculos de la SGAE.
Tampoco es del todo exacto el argumento de que determinadas páginas se "estén forrando" gracias a fomentar la piratería. Quienes hasta ahora se han llevado la parte del león en el negocio de Internet han sido los proveedores de acceso, los fabricantes de ordenadores y las empresas de telefonía móvil. Quizá es hacia ese sector hacia el que tendría que dirigirse la atención de la ministra. Por suerte, y a pesar de sus muchos defectos e inconvenientes, la web sigue siendo uno de los pocos espacios donde todavía sobrevive la generosidad en un mundo tan egoísta como el actual.
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