Es largo pero merece la pena leer el artículo que me ha mandado Ramón, en el que se explican las causas del rechazo al Decreto Ley: intachable jurídicamente, y creo que bastante claro para los no familiarizados con el Derecho.
No tiene desperdicio.
Esto es un adelanto...
Para leerlo todo pinchad en el enlace AQUI
No tiene desperdicio.
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[...] La segunda consecuencia práctica para el propósito no declarable de este decreto-ley consiste en la legitimación o blanqueo del empleo clientelar generado en las empresas públicas de la Junta con el anterior modelo de instrumentalidad.
Bajo el argumento de la racionalización del sector público, se procede a la integración de las empresas públicas de la Junta en las nuevas entidades creadas. Con ello, no sólo se “ennoblecen” muchas de esas empresas que siendo de baja cuna, origen vergonzante y pobre bolsa, pasan a ser sujetos públicos, sin dinero, pero con una capacidad de endeudamiento ilimitada, a cargo del erario público; sino que –lo más importante- se da “carta de naturaleza” a esa legión de empleados metidos en las empresas públicas por la puerta de atrás y que, como ya hemos indicado su número puede alcanzar dimensiones pajinianas, quiero decir, planetarias.
Esta operación, al margen de calificativos jurídicos, es una infamia, una impudicia y una desvergüenza. Y echa por tierra las legítimas expectativas de miles de personas –y sus familias- que aspiran a tener un empleo en la Administración Pública en la forma establecida en la Constitución y las leyes; es decir, en limpia, pública y transparente competencia y sobre la base de criterios objetivos de mérito y capacidad. Para este gobierno, al que la igualdad no se le cae de la boca, unos son más “iguales” que otros, queda evidenciado. [...]
Bajo el argumento de la racionalización del sector público, se procede a la integración de las empresas públicas de la Junta en las nuevas entidades creadas. Con ello, no sólo se “ennoblecen” muchas de esas empresas que siendo de baja cuna, origen vergonzante y pobre bolsa, pasan a ser sujetos públicos, sin dinero, pero con una capacidad de endeudamiento ilimitada, a cargo del erario público; sino que –lo más importante- se da “carta de naturaleza” a esa legión de empleados metidos en las empresas públicas por la puerta de atrás y que, como ya hemos indicado su número puede alcanzar dimensiones pajinianas, quiero decir, planetarias.
Esta operación, al margen de calificativos jurídicos, es una infamia, una impudicia y una desvergüenza. Y echa por tierra las legítimas expectativas de miles de personas –y sus familias- que aspiran a tener un empleo en la Administración Pública en la forma establecida en la Constitución y las leyes; es decir, en limpia, pública y transparente competencia y sobre la base de criterios objetivos de mérito y capacidad. Para este gobierno, al que la igualdad no se le cae de la boca, unos son más “iguales” que otros, queda evidenciado. [...]
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